Columnas

Por María Violeta Silva 

Ex Seremi del Trabajo

El pasado 30 de diciembre la prensa nacional daba a conocer una fotografía de lo que ha ocurrido en el país en los últimos meses en materia de ocupación y desempleo, poniendo de relieve una desaceleración en la creación de puestos de trabajo, lo que, unido a una mayor presión en el mercado laboral, genera expectativas preocupantes para este naciente 2023.

A nivel regional se replica esta escena, con una agravante: el desempleo femenino en el último trimestre móvil septiembre – noviembre, si situó en un 9,3%, no sólo superior al promedio regional o al de la tasa masculina, sino que además se sitúa muy por encima del mismo trimestre móvil del año 2021 en que alcanzó a un 7,4%.

Debemos agregar que, de acuerdo con las cifras que maneja la Dirección del Trabajo, los despidos por necesidad de la empresa subieron en 31% en el pasado mes de noviembre, registrando su mayor cifra hasta dicha fecha durante 2022. En términos simples, las familias que perdieron una fuente de ingresos por este concepto alcanzó a las 37.981 en sólo dicho mes.

Sin embargo, más allá de nuestra realidad nacional, el aumento de la desocupación es un tema a nivel internacional. Un ejemplo de ello es una publicación de un medio español, indicando que más de 9.000 personas habían sido despedidos en las principales empresas tecnológicas del mundo, sólo durante el mes de noviembre (www.lainformacion.com, 31/12/22).

A su vez, fenómenos como la inflación, la desaceleración del ritmo de las actividades económicas, la recesión y la incertidumbre que existe a nivel global, ha llevado a los expertos a anticipar un mercado laboral con altos índices de precariedad e inestabilidad, que se traducirá en una mayor pérdida del nivel de vida y de poder adquisitivo de las personas y sus familias.

Nuestro país no se verá exento de estas dificultades y por ello, más que cifras, es necesario mirar a las personas, para quienes contar con un empleo estable es también una cuestión de dignidad.

El desafío está sobre la mesa: la recuperación económica y el incentivo a la generación de fuentes laborales debe ser una prioridad del actual gobierno. Para ello, se requiere la implementación de políticas públicas que no sólo protejan los actuales empleos, sino que, además, permitan la generación de nuevos puestos de trabajo, con especial foco en las mujeres y los jóvenes, respondiendo así al aumento de la presión que significa el aumento correlativo de la fuerza de trabajo.

Por cierto, todo ello requiere, además, un clima de certeza jurídica e institucional para empleadores e inversionistas.