En los últimos días, el país ha sido testigo de un nuevo escándalo: funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. La indignación fue inmediata, y con razón. Pero este problema no se limita al sector público.

Año tras año, muchas empresas —especialmente PYMES— deben enfrentar situaciones similares: trabajadores del sector privado que utilizan licencias médicas para tomarse vacaciones, iniciar emprendimientos personales o incluso retrasar un despido. Lo que debería ser un mecanismo de protección de la salud se ha convertido, en algunos casos, en una herramienta de abuso.

El impacto en las PYMES

Como profesionales del área jurídica, hemos visto de cerca cómo esta práctica afecta a las pequeñas y medianas empresas. Entre los casos más recurrentes:

• Licencias médicas utilizadas para viajar al extranjero y compartidas abiertamente en redes sociales.
• Trabajadores que aprovechan el reposo para avanzar en negocios personales.
• Licencias solicitadas al momento de ser notificados de un despido, con el fin de retrasarlo y seguir acumulando antigüedad.

Esta realidad no solo afecta la productividad, sino que genera una profunda frustración en los empleadores, que se sienten desprotegidos frente a un sistema que no responde con eficacia.

Un sistema que no está funcionando

En teoría, los organismos encargados de fiscalizar el uso correcto de las licencias —especialmente para afiliados a Fonasa— deberían actuar frente a estos abusos. Sin embargo, en la práctica, las denuncias suelen ser ignoradas o simplemente no generan consecuencias.

Por otro lado, los tribunales de justicia validan muchas veces estas licencias sin evaluar adecuadamente su legitimidad, incluso cuando hay pruebas claras de que se trata de un fraude.

¿Quién paga el costo?

En el caso de los trabajadores afiliados a Fonasa, el subsidio por incapacidad es financiado con los aportes de todos los cotizantes. Es decir, quienes cumplen con sus obligaciones laborales y previsionales terminan financiando los abusos de otros. Esto no solo es injusto: debilita la confianza en el sistema.

Además del daño económico, este fenómeno tiene un efecto cultural preocupante: la normalización social de estas malas prácticas. Mientras más se tolera, más se reproduce.

La esperanza: una nueva ley

Con la entrada en vigor de la Ley N.º 21.746, que modifica la reglamentación sobre licencias médicas, se espera un cambio significativo. Esta normativa:

• Refuerza las facultades fiscalizadoras de entidades como la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y las COMPIN.
• Establece sanciones más claras para el uso y emisión de licencias médicas falsas, considerándolas delito.

Pero toda ley, por robusta que sea, necesita colaboración. Si los actores responsables —organismos públicos, empleadores, trabajadores y el sistema judicial— no actúan coordinadamente, esta reforma corre el riesgo de convertirse en letra muerta.

Una conclusión necesaria

Chile no puede seguir tolerando el uso fraudulento de las licencias médicas. No se trata de castigar sin fundamentos, sino de proteger un derecho laboral esencial que hoy se ve amenazado por el abuso. La solución requiere voluntad política, eficiencia institucional y responsabilidad individual.