Cada 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave para reflexionar sobre la urgencia de proteger nuestro planeta. Sin embargo, más allá de reducir emisiones y fomentar energías limpias, existe un aspecto fundamental que sigue estando en deuda: la transición justa.

¿Qué significa una transición justa?

La transición hacia un modelo sostenible implica transformaciones profundas en nuestros sistemas productivos. Pero este cambio no puede ni debe hacerse sin considerar a las personas.
¿Qué pasa con quienes trabajan en industrias contaminantes? ¿Qué ocurre con comunidades enteras que dependen económicamente de estas actividades?

Cerrar plantas o aplicar nuevas regulaciones no es suficiente. Para avanzar de forma responsable, debemos garantizar alternativas reales para quienes podrían verse más afectados por esta transformación.

Casos reales y lecciones urgentes

En países como España o Colombia, la transición justa ha sido una herramienta para cerrar minas y reemplazar empleos contaminantes por empleos verdes.
En Chile, se impulsa la Transición Socioecológica Justa, con la intención de reconvertir zonas de sacrificio en territorios sostenibles. Aunque se han dado pasos importantes, los avances aún resultan limitados frente al tamaño del desafío.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define con claridad: una transición justa debe ecologizar la economía de forma inclusiva, garantizando empleos dignos y protegiendo los derechos laborales.

¿Qué se necesita para lograrlo?

Para que esta transformación sea verdaderamente justa, se requiere más que buenas intenciones. Se necesitan políticas públicas claras y sostenidas:

• Inversión en sectores sostenibles que generen empleo verde.
• Diálogo social entre gobiernos, empresas y trabajadores.
• Protección social para quienes pierdan su empleo por el cierre de industrias contaminantes.
• Capacitación y reconversión laboral para nuevas oportunidades.

Un ejemplo chileno: la fundición Ventanas

El cierre de la fundición Ventanas de CODELCO en Quintero, una de las zonas más contaminadas de Chile, es un caso emblemático. La medida era urgente desde el punto de vista ambiental, pero también generó resistencia por parte de trabajadores que reclamaban apoyo, garantías y nuevas oportunidades.

Este caso deja una lección clara: la sostenibilidad no puede avanzar a costa del bienestar de las personas. Si no se acompaña de protección y planificación, la transición ecológica puede profundizar las desigualdades.

El momento de actuar es ahora

La transición justa no es una opción, es una necesidad social, económica y ambiental.
Si queremos enfrentar el cambio climático sin dejar a nadie atrás, debemos asumir el compromiso de construir una economía verde que también sea equitativa.

La sostenibilidad no debe ser un privilegio.
Debe ser un derecho.